Escribe Pedro Francke
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Los patrulleros estaban por comprarse a unos 4 mil dólares de sobreprecio cada uno, lo que nos iba a costar a los contribuyentes unos 4 a 5 millones de soles adicionales. Pero, nos dicen, todo se hizo de acuerdo a ley. Y por tanto, no hay responsables, ni entre los que iban a derrochar todo ese dinero, ni entre quienes se lo iban (¿van?) a metérselo al bolsillo. ¿Así comienza la Reforma del Estado?
Cuando cualquiera de nosotros compra un carro, busca una combinación de precio y calidad que le acomode, porque si nos encaprichamos con un determinado modelo nos puede salir muy caro. El Ministerio del Interior se encaprichó con un modelo. Es algo común en las compras del estado porque es la forma de hacer trafa sin quebrar la ley: licitación con un solo postor.
Pero ojo: hay dos partes en este asunto. Si alguien en el estado es responsable de haber aprobado el sobreprecio, también hay una empresa privada que abusó de su posición monopólica. Resulta difícil pensar que es por pura casualidad que fue precisamente esa empresa, y no otra, la que resulta beneficiada.
La solución del gobierno al caso es renegociación del contrato. Pero la negociación es poco transparente y si el precio final es un millón más o un millón menos, eso depende sólo del negociador, sin que los ciudadanos podemos verificar que no hay tratos bajo la mesa. La negociación, en casos como éste, puede parecerse mucho al negociado.
Al iniciarse la Reforma del Estado, esta compra de patrulleros revela el serio problema de la corrupción en las compras públicas. El gobierno ha reaccionado diciendo que todo se hizo bien, que no es culpa de nadie, y que ahora va a renegociar con los mismos que habían arreglado todo para llevarse 5 millones de nuestros bolsillos. No huele bien.
La licitación debe anularse. Las leyes de compras públicas deben asegurar competencia. Hay que aumentar la transparencia, informando a la ciudadanía, que en este caso ha impedido que se consumen los hechos. Hay que establecer una nueva iniciativa anti-corrupción. Si se quiere empezar la Reforma del Estado con buen pie, no hay otro camino
Cuando cualquiera de nosotros compra un carro, busca una combinación de precio y calidad que le acomode, porque si nos encaprichamos con un determinado modelo nos puede salir muy caro. El Ministerio del Interior se encaprichó con un modelo. Es algo común en las compras del estado porque es la forma de hacer trafa sin quebrar la ley: licitación con un solo postor.
Pero ojo: hay dos partes en este asunto. Si alguien en el estado es responsable de haber aprobado el sobreprecio, también hay una empresa privada que abusó de su posición monopólica. Resulta difícil pensar que es por pura casualidad que fue precisamente esa empresa, y no otra, la que resulta beneficiada.
La solución del gobierno al caso es renegociación del contrato. Pero la negociación es poco transparente y si el precio final es un millón más o un millón menos, eso depende sólo del negociador, sin que los ciudadanos podemos verificar que no hay tratos bajo la mesa. La negociación, en casos como éste, puede parecerse mucho al negociado.
Al iniciarse la Reforma del Estado, esta compra de patrulleros revela el serio problema de la corrupción en las compras públicas. El gobierno ha reaccionado diciendo que todo se hizo bien, que no es culpa de nadie, y que ahora va a renegociar con los mismos que habían arreglado todo para llevarse 5 millones de nuestros bolsillos. No huele bien.
La licitación debe anularse. Las leyes de compras públicas deben asegurar competencia. Hay que aumentar la transparencia, informando a la ciudadanía, que en este caso ha impedido que se consumen los hechos. Hay que establecer una nueva iniciativa anti-corrupción. Si se quiere empezar la Reforma del Estado con buen pie, no hay otro camino
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