ALGUNAS INDEFINICIONES
Kurt Burneo F.
Un tema levantado por el propio Presidente de la República es el de la necesidad de flexibilizar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), de allí que surge el famoso DU. 014 que lo flexibiliza en extremo, dados los magros resultados del publicitado Shock de inversiones y los niveles actuales de ejecución del gasto público de capital. Pero en toda esta problemática que es real, se está obviando la ejecución pendiente de 12,000 proyectos de inversión con declaratoria de viabilidad dada por el ahora tan vilipendiado SNIP, así que el tema del gasto público de capital tendría más aristas por revisar.
Los proyectos de inversión pública tiene 3 fases bien definidas: la 1ª. Corresponde a la Preinversión la cual consta de la formulación del perfil y los estudios de pre y factibilidad respectivamente. La 2da. Corresponde a la inversión que comprende la elaboración del expediente técnico y la ejecución misma del proyecto, obviamente con la correspondiente declaratoria de viabilidad previa y la 3ª. Corresponde a la Post-inversión. El tan comentado DU 014 declara en emergencia los Proyectos de inversión pública en educación, saneamiento, salud, electrificación rural, pequeñas y medianas irrigaciones, centrales hidroeléctricas y concesiones de obras públicas de infraestructura y servicios públicos (casi todo el gasto público de capital) y con ello establece que con solo un perfil “integrado” se aprobarían los proyectos saltándose a la garrocha los estudios de pre y factibilidad que son los que justamente dan la información necesaria para reducir el riesgo de ejecutar un proyecto no sostenible y/o con una insuficiente tasa de retorno en términos sociales. Al final se ha conformado una comisión para proponer cambios al SNIP y con ello al DU 014 reconociéndose implícitamente el error cometido.
Claro que es entendible que dado el incremento de ingresos fiscales existan presiones importantes para un mayor nivel de ejecución del gasto público y por supuesto que es necesario poder conseguir algún nivel de accesibilidad mayor de los sectores (gobierno central) como de los gobiernos regionales y municipales (gobiernos subnacionales) para un mas rápido cumplimiento de las condicionalidades exigidas por el SNIP aunque debe señalarse que actualmente proyectos de hasta S/. 2 mlls. se puede ejecutar con sólo un perfil y hasta S/. 6 mlls con estudios de prefactibilidad aprobados en la propia oficina de programación e inversiones de la entidad pública, es decir no van al MEF como comúnmente se cree.
¿Pero que hacemos con los 12,000 proyectos que según la propia Dirección de Programación Multianual del MEF actualmente tienen declaratoria de viabilidad y que están listos para ejecutarse?. La inversión pública involucrada de estos proyectos S/. 6,500 millones no son ninguna pequeñez, considerando un gasto de capital en el presupuesto para este año de S/.11,131 mlls, equivale a un 58% de este total. Incluso comparativamente entre los gobiernos regionales y el central la mayor parte de este stock de proyectos listos para ejecutar no están como muchos piensan en los primeros sino mas bien en el gobierno central con 2,297 proyectos involucrando S/. 2,314 mlls es decir el 21% del gasto de capital presupuestado para este año Dada la injerencia directa que tiene el Presidente de la República sobre este ente ¿Por qué no se inicia la ejecución de estos proyectos y se reduce significativamente este stock? ¿Por qué no hay un pronunciamiento oficial cuando menos de los sectores respecto a lo que se hará con dicho conjunto de proyectos?
Todos estos proyectos con declaratorias de viabilidad son consecuencia de estudios que han tenido un costo para el Estado en distintos momentos, entonces cuanto mas se extienda el tiempo de indefinición sobre estos mas alto será el costo de oportunidad de los recursos gastados en los estudios ya hechos, con lo cual se configura un caso claro de dispendio en el uso de los recursos del Estado, lo que sin duda seria inconsistente con la tan preconizada austeridad e indispensable mejora en la calidad del gasto público.
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