Escribe Enrique Fenández Maldonado
Una vez más, cual canto de sirena, nuestros neoliberales criollos pretenden imponernos una reforma laboral cuyo carácter regresivo salta a primera vista. Con el sonsonete de los “sobre costos” laborales, el ministro Carranza & Cia buscarían prorrogar un régimen “promocional” que, lejos de formalizar el empleo en el sector mype, echaría por la borda los esfuerzos por lograr una ley general del trabajo a través del diálogo social.
Se ha dicho hasta el cansancio que la flexibilización laboral, en si misma, no genera empleo. Por el contrario: precariza el existente y no resuelve el problema de la informalidad. Basta analizar la evolución del subempleo y desempleo durante los noventas. De hecho, la propia Ley MYPE, próxima a cumplir cinco años de vigencia, muestra resultados, por decirlo de algún modo, bastante modestos.
¿Cómo entender esta ampliación del régimen mype? Pues, como la apuesta por consolidar el carácter excluyente del modelo de relaciones laborales heredado del fujimorismo. Una reforma, cabe agregar, que encaja perfectamente con la organización del trabajo en tiempos de globalización. Pero ¡ojo! no para reforzar los mecanismos promotores del empleo decente (una demanda cada vez mayor a nivel mundial); sino para perennizar el modelo de explotación laboral y desigualdad social propio de países “maquileros”.
Hoy en día, la intensidad del comercio internacional y la demanda de productos exportables exigen de las empresas la diversificación de sus procesos productivos. Para ello apelan al outsourcing. El uso de la subcontratación, o tercerización, está ampliamente extendido en el sector textil peruano, donde un puñado de empresas grandes subcontrata a miles de micro y pequeñas unidades para atender la creciente demanda externa. Esto no tendría nada de extraño si no fuera porque empresas que incrementan sustancialmente su producción y, por tanto, sus márgenes de ganancia, se acogen – ¡cómo no! – a leyes “promocionales” que reducen estándares laborales bajo ningún modo justificables. Los casos de Topy Topy y Textil San Sebastián son vivo ejemplo de ello.
Lo tragicómico de este cuadro es que no se trataría sólo del régimen mype. En la actualidad están vigentes un conjunto de leyes que “nivelan hacia abajo” el acceso a derechos y beneficios laborales de un amplio sector de trabajadores peruanos, violentando el principio de igualdad y no discriminación en el empleo. Si metemos en un saco a los trabajadores agroindustriales, a las trabajadoras del hogar, a los de los sectores de exportación no tradicionales y a los de las MYPE (en su versión MEF) – todos regidos por marcos regulatorios “especiales” – tenemos que más del 80% de la PEA accederían a estándares laborales menores a los fijados para la actividad privada (los mismos que, dicho sea de paso, son bastante bajos).
Los riesgos que asume el gobierno con esta ley no son poca monta. Cuando se cierran los canales legales y democráticos que tienen los trabajadores para participar de la bonanza económica (a través de la sindicalización y negociación colectiva), el desenlace previsible es la exaltación de la paciencia y la recurrencia a métodos ilegales y violentos – respuestas hasta cierto punto legítimas – por una justicia que le es esquiva. ¿Contribuye esto al país? Definitivamente no. No obstante, el desentendimiento oficialista frente a las demandas redistributivas de importantes sectores del país semeja más el devenir de los cangrejos (siempre de perfil) que el de un gobierno que encara frontalmente la promesa de cambio responsable a favor de las mayorías. Advertidos estamos.
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