A propósito del Síndrome del perro del hortelano
Un presidente para el siglo XIX
Fernando Eguren
La Revista Agraria - CEPES
Noviembre 2007
“…hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano que reza: "Si no lo hago yo que no lo haga nadie".
Alan García Pérez, presidente del Perú
El artículo del presidente Alan García publicado en El Comercio el 28 de octubre (El Síndrome del Perro del Hortelano) ha suscitado comentarios a favor y en contra. Su principal mérito es que contribuye a promover una discusión, prácticamente ausente en los últimos años, sobre modelos de desarrollo socioeconómico. En lo que sigue, subrayaremos algunas de sus afirmaciones que nos parecen importantes dada la condición del autor.
El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro
La primera es que el presidente García suscribe de manera implícita la metáfora atribuida erróneamente a Raimondi: que el Perú es un mendigo sentado sobre un banco de oro. El banco de oro viene a ser la suma de los muchos, variados e importantes recursos naturales que el país posee, y a los que se refiere el presidente: las maderas de la Amazonía, la tierra, los recursos minerales, gas y petróleo, el mar. El mendigo – que oficia de ‘perro del hortelano’– representa un mundo heterogéneo compuesto, en la relación presidencial, de comunidades campesinas y minifundistas, poblaciones nativas, pescadores artesanales, trabajadores que exigen derechos laborales, ciudadanos que aún adscriben a ‘ideologías superadas’ (los ‘anticapitalistas’, precisa); en suma, de ociosos, indolentes e indigentes. Aunque es difícil saber cuántos ciudadanos están incluidos en esta impresionante relación, con toda seguridad supera largamente al número de peruanos que votaron por el presidente García.
Para aprovechar el oro, discurre el razonamiento presidencial, hay que desbancar al mendigo. ¿Cómo? Cambiando las reglas del juego para sentar en el banco de oro (en realidad, para llevárselo de a pocos) a los grandes inversionistas. Si son transnacionales, mejor, pues son las que traen la tecnología.
Es así que cobran sentido pleno los proyectos de ley que otorga poderes especiales a la Cofopri para reconocer y desconocer derechos de propiedad sobre la tierra durante cuatro años y el proyecto de ley que declara de necesidad pública los intereses particulares de veinte empresas extractivas, con el fin de sortear los derechos de propiedad consagrados por la Constitución que favorecen también a comuneros, pueblos nativos y otros ciudadanos representados por el mendigo en la metáfora.
La fuente de la riqueza
La segunda afirmación presidencial es que la riqueza del Perú reside sobre todo en sus recursos naturales (aunque los ejemplos que, según él, debe seguir el Perú: Japón y Corea, tienen relativamente pocos recursos naturales) y no principalmente en la capacidad transformadora de la población. El mundo ha llegado hace tiempo a la conclusión de que el conocimiento es el real creador de riqueza y el capital humano su principal factor, y sobre ellos se sustenta la competitividad. Por eso se habla hoy de la ‘sociedad del conocimiento’. El presidente se retrotrae siglos atrás para considerar que la materia inerte extraída y con escaso valor agregado es la verdadera riqueza. No sorprende, entonces, el disminuido valor que su gobierno – y, justo es decirlo, también los gobiernos anteriores - da a la educación, forjadora principal del capital humano. Sabemos que la educación peruana, sobre todo la pública, es una de las peores en el mundo. En estas condiciones, el Perú no podrá ser competitivo: en mucho es simplemente un perceptor de rentas. En contraste, los conocimientos acumulados de campesinos y pueblos nativos sobre las complejas realidades en las que habitan y sobreviven, son ignorados o despreciados por el mundo oficial.
LRA no está contra la gran inversión. Más aún, considera que en muchos casos ésta es indispensable para la adecuada explotación de los recursos naturales, entre ellos los minerales, el petróleo y el gas. Pero al mismo tiempo no confunde el fin – el mejoramiento sostenible de la calidad de vida del conjunto de la población del país - con los medios – entre los cuales, el tipo de inversiones-. Sosteníamos en el editorial de LRA 87 del mes de octubre con relación a la minería (¿Minería es desarrollo?), que “No existe… una relación mecánica entre tener y explotar recursos naturales, sean éstos mineros u otros, y generar desarrollo”; y que “es necesario redefinir el papel que [las actividades extractivas] deben tener en el desarrollo local y regional…no en cumplimiento de una «responsabilidad social» de la empresa —término que suele ser un eufemismo de «relaciones públicas» y que depende enteramente de la voluntad de la empresa—, sino como una función esencial de esa actividad económica. Esta función debería quedar explícita en los contratos. Y es precisamente por la naturaleza misma de esa función que los contratos mineros deberían ser aprobados por la población local.”
Lo moderno es lo sostenible
La tercera afirmación se deriva de la confusión presidencial entre lo que es la tecnología de punta – la que supuestamente trae la gran inversión extranjera – y la manera moderna de explotar adecuadamente los recursos naturales. Gran parte de la tecnología de punta actual de las empresas mineras y petroleras corresponden todavía a un paradigma de la revolución industrial de hace más de 200 años, en la que la relación con la naturaleza era ‘extraer sin reponer’. Se constata hoy que las consecuencias acumuladas de este paradigma son terribles: desaparición de especies biológicas, contaminación de las aguas y suelos, calentamiento progresivo del planeta. Hoy lo moderno requiere todo lo contrario: es la búsqueda de un desarrollo que asegure la sostenibilidad de los recursos.
Los anticapitalistas
En esta sostenibilidad se está jugando el futuro de la humanidad, como lo acaba de confirmar el 17 de noviembre en Valencia el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en su 27ª Sesión Plenaria. El Secretario General de las NNUU, en su alocución final, subrayó que el cambio climático “afectará más a los países en vías de desarrollo. Los que son más vulnerables son también los que corren más riesgos ante esta amenaza. La deglaciación desencadenará inundaciones y conducirá a reducir la disponibilidad de agua en Asia meridional y en Sud América.” Y “si las proyecciones más severas del IPCC se revelan ciertas, gran parte de la Amazonía se transformarán en llanuras sin vegetación arbórea”.
Estas deberían ser preocupaciones centrales del Perú y de su presidente. Pero el presidente sostiene que hay una corriente anticapitalista transecular que cambia de piel según las épocas: comunistas en el s. XIX (¡se supone que gobernaron en el s.XX!), proteccionistas en el s. XX (¡Gran Bretaña, EEUU y otros países capitalistas se caracterizaron por ser proteccionistas!) y ambientalistas en el s. XXI (¡cuando el premio Nóbel de la Paz ha sido otorgado precisamente al IPCC y a Al Gore, difícilmente catalogables de anticapitalistas!).
Lo grande es hermoso: la hacienda: el nuevo paradigma de desarrollo
Según el presidente García, las tierras de las comunidades son “tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología…”. El presidente debería aclarar si los derechos de propiedad de los que ‘no tienen formación ni recursos económicos’ (que califica de ‘aparentes’) son de categoría inferior a los derechos de propiedad de los grandes inversionistas que traen tecnología. Esto es finalmente el sustento de los dos proyectos de ley que mencionamos párrafos más arriba.
La idea de ‘los grandes lotes que trae tecnología’ como solución a la puesta en valor de los recursos naturales la extiende el presidente a las explotaciones mineras, petroleras, pesqueras y madereras. Su concepción de organización de la economía es finalmente la de una multiplicación de haciendas modernas: grandes latifundios (para la agricultura, para la minería, para la pesca, para la explotación maderera y gasífera) de propiedad de grandes inversionistas, por un lado, y miles de campesinos, nativos y pescadores convertidos en obreros (probablemente mal pagados y mal tratados, dada la escasa capacidad y/o voluntad del gobierno de mejorar las relaciones laborales). Nada más contradictorio a la construcción de una sociedad equitativa, ambientalmente sostenible, con muchos actores, instituciones fuertes, con mercados locales dinámicos y un estado activo y al mismo tiempo descentralizado.
El Perú no puede desarrollarse en el siglo XXI con visiones propias del siglo XIX.
La Revista Agraria – noviembre 2007
Publicar un comentario