Fideicomisos Mineros: “Que lo haga el privado, pues”
Armando Mendoza
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Existe entre algunos sectores la creencia de que la gestión privada es siempre superior a la gestión estatal y es más conveniente para la sociedad. Así, la salida ante cualquier dificultad del Estado es decir “que lo haga el privado, pues” . Sin embargo, esta visión estrecha, que propugna privatizar funciones y responsabilidades en realidad significa serios riesgos y desventajas. Ejemplo de ello es el Proyecto de Ley Nº 1981-2007 del Ejecutivo, que propone transferir a las empresas mineras el manejo de los fideicomisos o fondos sociales constituidos con los ingresos generados por la concesión de proyectos mineros.
Rememoremos: los fideicomisos surgieron como una respuesta a las controversias entre empresas mineras y poblaciones afectadas, las cuales sentían que no se beneficiaban por la explotación de su patrimonio natural. El esquema era sencillo: el Estado usaba parte de los recursos recaudados para constituir un fideicomiso –poniéndolo a cargo de PROINVERSION- con la tarea de desarrollar proyectos económicos y sociales que generasen beneficios tempranos a la población mientras la explotación minera se establecía e iniciaba operaciones, buscando asegurar así la licencia social.
El problema es que este esquema no ha funcionado. La actuación de PROINVERSION en los fideicomisos mineros es desastrosa: centralismo y burocracia, visión paternalista del trato con las autoridades y ciudadanos, desconocimiento de temas cruciales del desarrollo rural, arbitrariedad, poca transparencia y acusaciones de corrupción. Juntemos todo eso, y se entiende porque los resultados de los fideicomisos son deplorables. Así, para fines del 2007 el Fideicomiso de las Bambas –que lleva 3 años y medio operando- apenas había ejecutado 13 de 76 proyectos programados, lentitud inaceptable que ha alimentado conflictos y protestas.
Esta situación debe modificarse, pero el problema es que en lugar de reformas reales -mejorar la gestión estatal, reorientar proyectos, fortalecer la participación y vigilancia ciudadana- se pretende aplicar la receta de “que lo haga el privado, pues”, equivalente a decir que si tienes dolor de cabeza, entonces córtatela y santo remedio.
Los riesgos de “privatizar” los fideicomisos son múltiples: por un lado, se otorgaría a las mineras mayor poder de presión ante las poblaciones y comunidades, fomentando actitudes del tipo “pórtate bonito o no hay plata para tu localidad”. Pero también existen riesgos para la empresa minera, pues el Estado le arroja la papa caliente de responder a las demandas y expectativas de la población y ser el chivo expiatorio si las obras no salen. Para el Estado, este proyecto representa una vergonzosa lavada de manos que lo debilita y minimiza. Y para las poblaciones y autoridades locales no sólo esta el problema de mayor vulnerabilidad y dependencia ante las mineras sino también –y más importante- la oportunidad perdida de desarrollar sus capacidades de gestión y fiscalización de recursos que en ultima instancia les pertenecen.
Lo que sucede es historia repetida: Si en el pasado se trataba de privatizar activos, ahora la moda es “privatizar responsabilidades”. Eso ha pasado con el FORSUR y el Óbolo Minero, y ahora se pretende lo mismo con los fideicomisos mineros. Mala idea. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de reformar los fideicomisos y mandar a PROINVERSION a su casa, pero lo que hay que hacer es promover capacidades regionales y locales –fomentando la transparencia y la fiscalización ciudadana- y dejar de lado esa idea de “que lo haga el privado, pues”, que es una salida simplona y facilista que perjudicará a todos y no contentará a nadie.
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