Desigualdad económica y conflicto social

Jürgen Schuldt Economista U. del Pacífico Haga click en la iamgen para ampliar. Apesar de la sostenida bonanza macroeconómica, venimos experimentando un proceso aparentemente paradójico de movilizaciones y protestas sociales que no se daban hace buen tiempo. Lo que no solo se debe a la extensa pobreza absoluta, sino principalmente a la extrema desigualdad en la distribución del ingreso y de los activos. Perplejo ante esta ‘intranquilidad social’, el gobierno se la atribuye candorosamente a ‘minorías extremistas’. Sin embargo, esos procesos psico-sociológicos dinámicos se pueden explicar como resultado de lo que fuera bautizado como ‘efecto túnel’ por Albert Hirschman y que otros académicos han denominado ‘factor esperanza’ (Pablo González Casanova), ‘política de la frustración’ (Ralf Dahrendorf) o ‘tolerancia limitada frente a las desigualdades’ (Adolfo Figueroa). Según esa hipótesis, mientras las personas de menores ingresos relativos tengan la expectativa de que se reduzcan las desigualdades extremas, la tolerancia respecto a la iniquidad predominará sobre la impaciencia. Pero "esa tolerancia es como un crédito que se vence en cierta fecha. Se concede con la esperanza de que, finalmente, se reducirán de nuevo las disparidades. Si esto no ocurre, habrá inevitablemente problemas y quizá desastres". En nuestro caso, esa pasividad aparente desembocó inicialmente en emigración masiva, delincuencia común, corrupción desaforada, etc.. Solo ahora viene materializándose, aún desarticuladamente, en erupciones sociales en extendidas zonas críticas del país. El gráfico adjunto muestra las drásticas disparidades del gasto promedio entre y dentro de tres espacios geográficos, según datos del INEI. Esas desigualdades están representadas por curvas conformadas por grupos de 10% de pobladores (deciles) para cada una, cuya dispar participación en el gasto total no ha cambiado durante el último quinquenio de auge económico. Ahí se pueden observar las diferencias abismales del gasto promedio mensual por habitante de cada grupo: un 40% de la población limeña forma parte de los estratos de altos ingresos (más de 2000 soles por familia), 50% de ingresos medios (entre 230 y 500 soles por persona) y un 10% son pobres; en las otras urbes la relación es de 20%, 50% y 30%, respectivamente; mientras que en las zonas rurales a ningún decil le alcanza para consumos elevados y apenas realizan gastos medianos un 20% y el restante 80% es pobre. No en vano el 86% de la población considera que la distribución de la ‘riqueza’ en el Perú es injusta o muy injusta (PUCP-IOP, Estado de la Opinión Pública, Año III, junio 2008; Parte II; p. 2). La paciencia parece estarse acabando como consecuencia de las frustraciones acumuladas y que, sin aviso previo, le irán explotando en el rostro al gobierno. El ‘crédito sociopolítico’ de que disponía parece haberse suspendido de golpe en ciertas regiones, por lo que no nos debe sorprender que se desaten inadvertidos huaicos sociopolíticos en los momentos y regiones menos pensados, cuya probabilidad es aún más alta por la falta de previsión del gobierno y por la inexistencia de canales institucionalizados de concertación. Sin embargo, como ya lo decía Dahrendorf hace décadas, el conflicto social en sí no es de temer, sino todo lo contrario: es necesario y debe ser bienvenido porque conduce a la ‘modernización’, siempre y cuando se disponga de los mecanismos para canalizarlo adecuadamente. Como éstos no existen habrá que prepararse para experimentar procesos acelerados de ‘ingobernabilidad’ en lo que resta del presente gobierno.