Kurt Burneo

No es el título de una nueva película por estrenar en la cartelera, sino la expresión de un situación real existente en Lima a partir de la construcción del nuevo tramo del tren eléctrico que va de la estación de Atocongo hasta la Avenida Grau en Lima. ¿Cómo este proyecto se hace como obra pública y termina financiado con el dinero de todos nosotros o sea los contribuyentes? hay interrogantes fundamentales sobre las cuales muchos ciudadanos quisiéramos respuestas, para así tener una idea de lo que se está haciendo con nuestro dinero; pero algo de historia sobre este proyecto cuya primara fase data de hace 23 años es útil de recordar, antes de plantear nuestras inquietudes.

El tramo inicial de este proyecto que va de Villa el Salvador hasta la estación de Atocongo en San Juan de Miraflores, al margen de todo el halo de denuncias e investigaciones hechas sobre el costo de la obra y del financiamiento (¿se acuerdan del consorcio Tralima y las azarosas historias contadas por el Sr. Siragusa sobre estos temas?) el proyecto fue un fracaso, porque el trazado de este, fue en zonas donde si bien se podían poner columnas, el tren competía con los corredores viales en los que discurrirían buses, además en lo estudios iniciales el costo del pasaje era de alrededor S/. 1.20 mientras que la gente por la zona en mención, e desplaza con nomás de 50 céntimos a 1 sol. Dado lo anterior, cual tren fantasma circulaba vació durante varias décadas, de cuando en cuando para que no se estropeasen los motores de las locomotoras y las vías por falta de uso, muy al margen del presupuesto anual que requerían las operaciones de mantenimiento de la infraestructura y del personal administrativo de la famosa Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE). En economía los recursos tienen un costo de oportunidad, o sea al usarlos para una finalidad dejas de lado opciones alternativas con un valor definido: ¿Alguién asumió alguna responsabilidad por este elefante blanco?

Dejemos la historia y contemos algo mas actual; estudios del Banco Mundial (junio 2005) y de la consultora española Taryet-Getinsa (Nov 2007)-esta última contratada por la actual administración municipal de Lima- coinciden en la existencia de una fundada incertidumbre respecto a lograr los 300,000 pasajeros demandantes de este servicio estimados en el proyecto; entre otros factores por el aún pendiente reordenamiento global del transporte en Lima, y además porque la ruta trazada de este proyecto en el tramo Atocongo –Av. Grau, considera pasos como por la avenida aviación donde la demanda es marginal (¿Por eso que en este tramo no habría estación “ahorrándose” costos para que así también haya mayor probabilidad que este Tramo 1 del proyecto sea inaugurado por el actual Presidente de la República?).

Este tramo 1 tiene un costo de US$ 550 millones que implica construir los 11.7 km de viaducto , la instalación de equipos electromecánicos, la adquisición de material rodante, la puesta en operación del la línea Villa el Salvador hasta la Av. Grau, la rehabilitación de las vías existentes, el reacondicionamiento de los 32 coches existentes y las 7 estaciones construidas además de construir 9 adicionales. Si bien este tipo de proyectos implican un subsidio estatal puesto que su principal función es el mejoramiento de la calidad de vida de la población (por ejemplo un país desarrollado como Francia tiene los recursos para subsidiar el equivalente al 60% del costo operativo) ¿Cuál es la magnitud del subsidio estatal que este proyecto implica en el tiempo estimado a valor presente? Tan obvio era el tema del subsidio (que todos pagaremos usemos o no el tren) que antes de hacerse como obra pública, el tren se licitó 8 veces para que un operador privado se haga cargo del mismo y la razón de fondo de declararse desiertos estos intentos es, tal como transparentemente lo mencionó del director ejecutivo de Proinversion: “ Insuficiente respaldo financiero para presentar sus propuestas” Luego de convenientemente exceptuarse del Sistema Nacional de Inversión pública, al hacerse como obra pública, ahora sabemos que los financiadores seremos todos nosotros; entonces que nos digan cuando menos cuál va a ser la factura de la venidera inauguración presidencial, en estos asuntos de manejo de recursos públicos la transparencia es fundamental.

Javier M. Iguíñiz Echeverría^*

              La reforma del sistema de salud en EE.UU., con todas sus limitaciones, constituye una victoria moral y un gran y adeudado paso hacia la universalidad del cuidado de la salud en ese gran país, hacia la valorización de cada una de sus personas.

              Esa reforma es necesaria a gritos tanto por la inviabilidad presupuestal como por lo escandaloso del sistema actual. El aspecto presupuestal es de menor importancia dados los recursos privados y públicos de ese país y a la luz de las argumentaciones opositoras el que menos interesa. Ojala importara más en este caso. De cualquier modo, Estados Unidos es uno de los países que muestra cómo la riqueza de una nación, por muy grande que sea, no soluciona por sí misma el problema de la pobreza masiva y persistente. Es también un país que muestra cómo una amplia clase media no garantiza la desaparición de la precariedad de la vida de una gran parte de su población. Ni en un país así las gigantescas empresas de seguros logran y ni siquiera tratan de asegurar al conjunto de la población con los recursos fundamentales para sobrevivir. Más aún, se comprueba en ese país que un pueblo con gran religiosidad, en este caso principalmente cristiana, no es necesariamente uno con más conmiseración por el compatriota carente que la de otros pueblos menos religiosos. También que una admirable y frondosa existencia de obras de caridad (charities) no resuelve la angustia de los ancianos ante las olas de calor o de frío, o de jóvenes y viejos ante enfermedades curables. La grandeza de lo logrado por Obama y los estadounidenses que lo apoyan se estima mejor tras recordar lo anterior.

              Enfrentar la pobreza como condición social, esto es, como resultante de una firme y legitimada institucionalidad que opera como su mecanismo reproductor resulta especialmente difícil. Y si esa institucionalidad está enmarcada y alimentada por una cultura que hace del desempleo, la precariedad y el desamparo herramientas bienvenidas de equilibrio económico, orden y disciplina social; que convierte el sufrimiento personal, especialmente el ajeno, en social y personalmente terapéutico; que elogia el individualismo y la competencia dejando en la penumbra el valor de la olvidada cooperación la cosa es más difícil aún. De ahí, de nuevo, el mérito de lo logrado.

              Nada reemplaza a los sentimientos personales de empatía para con el pobre y las acciones individuales y familiares casi siempre silenciosas de atención al enfermo físico y mental, al anciano y a la anciana, a los niños y niñas y así a muchos otros tipos de necesitados de atención y afecto, pero todo eso no excluye la necesidad de apoyo público institucionalizado, respaldo económico y de profesionales, equipos y locales que contribuyan a sostener la vida en toda su dignidad. Y esto último es cuestión de política social que provea viento a favor, añada eficacia y reduzca sacrificio a quienes desde la familia, el hospicio, la posta o el hospital hacen su labor diligentemente.

Armando Mendoza

En el Perú, el impacto del Cambio Climático se manifiesta de múltiples maneras: el incremento de la frecuencia y virulencia del Niño y la Niña, la desaparición de los glaciares andinos, o los episodios de sequía severa en la Amazonía, son todos fenómenos relacionados al calentamiento global de la atmosfera. Así, las perdidas económicas para nuestro país -y el resto de la región- debido al Cambio Climático son y serán considerables.

Acorde a un informe de la Comunidad Andina, para el 2025 los países andinos sufrirían una perdida total, en dicho año, por un monto superior a los US$ 30 mil millones de dólares debido al Cambio Climático. En el caso del Perú, dicha perdida ascendería a casi US$ 10 mil millones anuales, equivalentes al 4.4% del PBI, lo cual no es moco de pavo, por lo que el impacto del Cambio Climático se convertirá en una de las principales barreras para nuestro desarrollo en las próximas décadas.

Este es un tema que el Estado debe encarar, planificada y responsablemente, con políticas y visión de largo plazo. Según el Ministerio del Ambiente, la adaptación al Cambio Climático en el Perú requerirá US$ 647 millones de dólares anuales para el 2015, y otros US$ 347 millones serán necesarios para combatir la deforestación. No es poco dinero del que hablamos aquí, por lo que urge establecer mecanismos de financiamiento.

El problema es que da la impresión de que la atención del Gobierno esta puesta sólo en promover “soluciones de mercado” como los llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio, que son proyectos para reducción de la emisión de gases contaminantes en los países en vías de desarrollo, lo que genera un crédito ecológico que puede comercializarse. Por ejemplo, una fábrica que contamina en Estados Unidos, en lugar de reducir sus emisiones, lo que hace es financiar un proyecto de reducción de emisiones en el Perú, usando la reducción en nuestro país como crédito ecológico en Estados Unidos. Así, ha surgido un activo mercado internacional de créditos sobre emisiones, que genera cuantiosas ganancias.

Aunque los Mecanismos de Desarrollo Limpio son, sin duda, una herramienta útil ante el Cambio Climático, existe preocupación de que su manejo este distorsionándose, convirtiéndose en un mero instrumento para beneficio de inversionistas y especuladores privados. Así, entidades como el Banco Mundial, entre otras, señalan serias limitaciones en la utilidad de estos Mecanismos de Desarrollo Limpio, los cuales no pueden ser un sustituto a la acción de los gobiernos y de las políticas públicas.

Nuestra estrategia ante el Cambio Climático debe entenderse como una cuestión ligada al bienestar social y el desarrollo sostenible, no como otra oportunidad para llenarle los bolsillos a la gran empresa. Asumir que basta con la iniciativa privada para resolver nuestros graves problemas medioambientales es una creencia tan extravagante como la que impulsó la “privatización de la reconstrucción” en Ica tras el terremoto del 2007. Ya hemos visto el papelón que fue eso. Esperemos que esta vez, al Gobierno no se le ocurra lavarse nuevamente las manos y “privatizar” la política medioambiental.

Eduardo Cruzado

Este mes se cambiaron los criterios aplicados para asignar el Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN (Decreto Supremo 060-2010-EF). Este fondo es la principal fuente de financiamiento de los municipios. A diferencia del canon, la fuente con mayores recursos, que se concentra en las 6 regiones de mayor explotación minera y de hidrocarburos, el FONCOMUN se reparte entre todas las municipalidades del territorio nacional.  Son más de tres mil millones de soles, que representan 5% del total del presupuesto público, y para algunas municipalidades, las más pobres según REMURPE, puede llegar a representar el 90% de los recursos con los que cuentan.

Un primer cambio es que por fin se utilizarán los datos oficiales actualizados de población. Desde finales del 2006 el INEI cuenta con información actualizada, pero por una cosa u otra no se venía utilizando.

El segundo cambio está vinculado a los criterios para asignar los recursos. Se hace en dos pasos. Primero se define una asignación territorial entre las provincias (en la actualidad 194). Aquí se ha reemplazado el criterio de tasa de mortalidad infantil por tasa de población sin servicios de agua, energía eléctrica y desagüe. Esperemos que el INEI pueda entregar información consistente y actualizada para este indicador a nivel de provincia. En un segundo paso, definido lo que corresponde a cada territorio provincial, se determina la asignación para cada una de las municipalidades que la conforman. Para esto se han agregado al criterio de población unos asociados con gestión municipal y dimensión territorial; vale notar que la varianza de ambos criterios es baja cuando se toma al interior de las provincias.

Los cambios en los criterios de asignación del FONCOMUN no son significativos. Podríamos decir que su principal logro ha sido dejar las cosas como estaban. Incluso la norma asegura que ningún municipio recibirá menos de lo que venía recibiendo. Se trata de una salida inteligente para un último año de gobierno, mejor no pelearse con nadie y dejar las cosas como están.

Sigue pendiente definir reglas transparentes y consistentes para el conjunto del financiamiento de gobiernos locales y regionales. Tarde o temprano debemos enfrentar la inequidad generada por la distribución del canon, incluso entre provincias del mismo departamento. Es necesario aproximar el financiamiento a la recaudación, que las poblaciones vean que una parte de los impuestos que pagan regresan en sus presupuestos municipales.

La descentralización fiscal no es sencilla, implica hacer cambios y definir prioridades. Este gobierno, que ya está terminado, no quiso asumir la tarea; solo se acordó del tema para los discursos de fiestas patrias. 

Tenemos material para el debate electoral de cara a las elecciones de noviembre.

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Por Armando Mendoza
Economista

Las recientes figuras que el INEI ha publicado sobre la evolución del producto bruto interno en el último trimestre del 2009, así como los avances de los niveles de actividad para enero, merecen atención, pues empiezan a marcarse algunas tendencias y a detectarse algunos puntos críticos, para destacar:

• No es la “década perdida”, pero el 2009 si fue el “año perdido”

El último reajuste del INEI a las cifras del PBI del 2009 ha dado una magra cifra de crecimiento en términos reales, de apenas 0.9% anual. Ello, si consideramos el incremento poblacional en ese mismo periodo, nos lleva a niveles cercanos a cero en términos de crecimiento del PBI per cápita.

Hay que recordar que, en términos absolutos, el Perú fue uno de los países donde más abrupta fue la desaceleración económica, pues pasamos de crecer 9.8% en el 2008 al ya mencionado 0.9% en el 2009 –una diferencia de casi 9 puntos–, cortesía del modelito primario-exportador que, como sabemos, apuesta por la demanda externa como motor del crecimiento, lo que en buen romance significa que cuando la economía global se expande nos vamos arriba, pero cuando esta desacelera nos hundimos como piedra.

•Les cuadre o no les cuadre, el Estado debe seguir empujando la economía.

A los neoliberales criollos les ha sabido a chicharrón de sebo que haya sido el detestado Estado peruano el que, como en el resto del mundo, viniera al rescate de la economía. Así, nuestro mayor gasto estatal en el 2009 –monse, lenteja y todo– fue clave para que el PBI no se contraiga, contrarrestando la brutal reducción del volumen de importaciones y de la inversión bruta fija.

Preocupantemente, bastó que algunos indicadores de actividad registren una incipiente recuperación para que los ideólogos de siempre salgan a reclamar la suspensión del estímulo fiscal  para que el sector privado “lidere” la reactivación.   

Esto es absurdo, pues –como los analistas sensatos han indicado– contraer el estímulo fiscal cuando no sabemos con certeza si hemos entrado a una recuperación sostenida y persiste la incertidumbre sobre la economía mundial sería prematuro e irresponsable.  Muchachos del MEF, por piedad, no presten atención a esos loquitos anti-estado, porque se arriesgan a una barrabasada peor que la de Valdiviezo y su “modulación del gasto”.

• Las exportaciones han comenzado a recuperarse pero aún no salimos del hoyo.

Ciertamente el valor total de las exportaciones en enero superó largamente el nivel registrado en el mismo mes del 2009, lo cual es bueno, pero debe tenerse en cuenta que incluso con esta recuperación aún estamos muy por debajo de los niveles del 2008.

Preocupa especialmente que la exportación no tradicional, tras recuperarse en los últimos meses del año pasado, ha vuelto a caer, reflejando la contracción de nuestras exportaciones textiles, pesqueras y metalmecánicas. Si ello responde a causas coyunturales/estacionales, o refleja un estancamiento persistente, es aún pronto para estar 100% seguros.

En suma, los primeros datos económicos del 2010 dan para un moderado optimismo, pero no para extravagancias ni exabruptos ideológicos. Así, este año la consigna debe ser tener prudencia y sentido común en el manejo económico, a ver si llegamos a buen puerto en diciembre.

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Por Armando Mendoza
Economista

Aunque la economía presenta algunos signos de reactivación, existen sectores que siguen en el fondo del barranco y cuya recuperación en este 2010 sera difícil o improbable. Entre esos casos destaca la industria de textiles y confecciones, cuya crisis se explica en parte por la desaceleración económica general, pero también por serios problemas de competencia desleal. 

Un reciente reporte de la Sociedad Nacional de Industrias no deja dudas de la grave crisis sufrida por este sector, pues entre el 2008 y el 2009 la producción de textiles se contrajo un 34.1% mientras que la de prendas de vestir cayó en un 31.6%. 

Obviamente, entre las causas de este bajón está la recesión mundial, que redujo nuestras exportaciones y el consumo interno. Por ello, en la medida de que las economías peruana y mundial se recuperen, así también la demanda doméstica y externa deberían recobrarse. Sin embargo, existe otro factor que contribuye a la crisis textil y que es mucho más peligroso, dado que no es temporal: la masiva entrada de importaciones chinas al mercado peruano.

Según señala un estudio encargado por CEPES y REDGE (http://www.redge.org.pe/system/files/ 

201202+RedGE+TORRES+TLC+China+ResEject.pdf) entre el 2000 y el 2008, el valor total de las importaciones de textiles y confecciones chinas creció en nada menos que el 5,000%. Esta enorme oleada de importaciones viene desplazando a los productores locales, que pierden mercado ante los productos chinos, más baratos.

Claro, se podría alegar que eso es normal, pues si el productor nacional es menos eficiente, es inevitable que pierda mercado. El problema es que este copamiento por las importaciones chinas tiene poco que ver con costos reales y eficiencia, y sí mucho con precios subvaluados y otras prácticas comerciales desleales. Hace tiempo que se sabe que China no juega limpio en el comercio internacional: falsificaciones, subvaluación, etc., son practicas frecuentemente vinculadas a las mercancías chinas alrededor del mundo.

En ese sentido, la implementación del Tratado de Libre Comercio con China implica riesgos adicionales para nuestros productores, pues para acceder a dicho TLC, el Perú debió reconocer a ese país como “Economía de Mercado” (algo así como la cuadratura del círculo), renunciando, de paso, a usar las salvaguardas especiales que la Organización Mundial del Comercio ha establecido para combatir las abusivas prácticas comerciales chinas. Ante esto, urge implementar el Acuerdo de Cooperación Aduanera con China, y reforzar el control y sanción a la falsificación y subvaluación de importaciones. No se trata de ser proteccionista, sino, más bien, de que el Estado peruano tenga la firmeza suficiente para exigir juego limpio.

Ojalá no pase que, deslumbrados por China y sus 1,200 millones de potenciales (ojo, potenciales) consumidores, las autoridades sigan ignorando sus malas prácticas comerciales. ¿Acaso creen que nuestros productos podrán entrar a los mercados chinos, si ni siquiera podemos defendernos en casa? Sería una pena que nuestra industria textil, que durante los 80 y 90 sobrevivió y prosperó entre paquetazos, hiperinflación, apagones y bombazos, ahora sea sacrificada y termine como el chinito del chiste: pula veldula, nomá.

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Por José de Echave
Director ejecutivo de cooperacción

Lo ocurrido en las dos últimas semanas en torno al tema de Doe Run deja un clima tan cargado que puede terminar contaminándonos como ocurre con el aire que respiran todos los días los pobladores de La Oroya. Aquí algunos temas a título de lecciones:

-Ha sido saludable que el Estado no comprometa los recursos de todos los peruanos para salvar a una empresa que desde que llegó al país no ha hecho otra cosa que incumplir con sus obligaciones. La salida, que implica un crédito privado de varios bancos y empresas mineras, no solamente permite salvar el complejo de un colapso inminente sino que sugiere posibles alternativas para un futuro inmediato, ante la evidente falta de capacidad y compromiso de Doe Run.

-De esta crisis debe quedar claro que no es lo mismo buscar salvar el complejo metalúrgico y los empleos en La Oroya que salvar a Doe Run. Esta empresa no es sinónimo del complejo, de los intereses de los trabajadores ni de la población de La Oroya. Al contrario, su presencia perjudica el futuro de dicha ciudad.  

-En aras de una mayor transparencia, sería saludable que el Ministerio de Energía y Minas informe sobre la situación actual del fideicomiso. No debemos olvidar que la resolución ministerial 257/2006-MEM-DGM obligó a Doe Run a suscribir un fideicomiso, mediante escritura pública, con el entonces Banco Wiesse Sudameris. Dicho contrato debía cubrir “el 100% de todas las obligaciones dispuestas” en un informe que sustentaba la resolución (artículo 2).

-Además, en el artículo 5 de la misma resolución, se señalaba que, en un plazo de 30 días calendario, Doe Run Perú debía constituir y presentar “una Carta Fianza, solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática a simple solicitud escrita del Ministerio de Energía y Minas, por el monto de US$ 28’641,094, equivalente al 20% del costo del proyecto prorrogado Plantas de Ácido Sulfúrico” del complejo de La Oroya. ¿Cómo están estos instrumentos y cómo están siendo gestionados? Se necesita un informe claro e integral al respecto y sería ideal que como parte de la negociación la empresa se adhiera a la Iniciativa de Transparencia Financiera (EITI por sus siglas en inglés) como lo han hecho otras empresas del sector. 

-Como consecuencia de toda esta crisis queda un saldo negativo para la población y la salud de La Oroya: un nuevo anuncio de ampliación del programa de inversiones ambientales (PAMA). ¿Cuántas veces más se  beneficiará a Doe Run con una ampliación del plazo del PAMA? ¿Esta es la última? Cabe recordar que lo mismo se dijo el 2006 cuando se le amplió el PAMA: la resolución ministerial 257/2006-MEM-DGM señalaba que: “Doe Run deberá cumplir con el proyecto Plantas de Ácido Sulfúrico en los plazos perentorios e improrrogables que se señalan en el anexo de la presente resolución ministerial” (artículo 1).

-No se da un buen mensaje con esta decisión. El Ministerio de Energía y Minas no ha cumplido su parte: fiscalizar. La Dirección General de Minería debió “disponer la realización de acciones de fiscalización continua”, “la cual evaluará trimestralmente el cumplimiento de las medidas y actividades establecidas para la construcción de las Plantas de Ácido Sulfúrico del Complejo Metalúrgico de La Oroya” (artículo 8). Si la empresa no cumplía, en el mismo artículo se señalaba que se debían “aplicar las sanciones correspondientes”. El ministerio se durmió y recién ahora nos enteramos de que la planta apenas tiene un avance del 50%. No ha sido la paralización de las dos últimas semanas lo que explica el retraso, como se ha señalado.

¿Sacaremos las lecciones en esta ocasión? Las autoridades correspondientes tienen la palabra y la sociedad civil deberá estar vigilante.

Por Alan Fairlie Reinoso

Han hecho muy bien el MEF y el BCR en afirmar que no se desactivará el programa de estímulo económico sino hasta que se hayan consolidado tendencias de recuperación de la economía nacional y, asumimos, del escenario internacional.

No han cedido así a los cantos de sirena de aquellos que estaban planteando la eliminación inmediata de dicho instrumento, que fue casi el único que utilizó el gobierno para responder al impacto externo. Esa orfandad de políticas de respuesta, hizo que nuestro crecimiento pasara de tasas de 10% a menos del 1% el año pasado. Eliminar el PEE, significaría reeditar el error del ex ministro Valdivieso que, al priorizar el objetivo de reducir presiones inflacionarias, contribuyó a la recesión de la economía nacional en el cuarto trimestre del 2008.

Es deleznable el argumento de que se acerca un año electoral y, por lo tanto, el gobierno debe ajustar todas las cuentas y disminuir el gasto y la inversión. Se necesita una política macroeconómica contracíclica que evite fluctuaciones graves de la economía nacional, y contribuya al crecimiento sostenible. Esto supone no solo mantener el PEE, sino estimular cadenas productivas nacionales, PYMES y la articulación de los distintos sectores productivos orientados al mercado interno o las exportaciones.

La discusión central debería girar en torno a definir la estrategia de desarrollo que debe seguir el país en el mediano y largo plazo y los instrumentos de política económica funcionales que deben ser impulsados, además de la política macroeconómica. Esto supone debatir sobre el modelo en curso, planteando lo que debe ser mantenido y/o cambiado. En especial, cuáles son los espacios y atribuciones que debe retomar el Estado.

Para ello hay que evitar falsos dilemas. Mantener una economía abierta y de orientación exportadora no significa comprar el modelo en curso. Plantear la diversificación exportadora con el uso intensivo de conocimiento y capital humano y políticas activas, no implica volver a subsidios o prácticas proteccionistas fracasadas.

El desarrollo de cadenas productivas exportadoras con integración productiva y mayor valor agregado, no se contrapone a un mayor dinamismo del mercado interno y la articulación sectorial, agricultura/industria/servicios. Necesitamos con urgencia la nueva matriz insumo-producto para cuantificar los cambios operados en los últimos años, y tener mayor precisión en proyectos y propuestas.

Tampoco tendría que contraponerse necesariamente minería/agricultura/industria, sino que habría que buscar los mecanismos y los estándares adecuados que permitan un desarrollo integral respetando la extraordinaria biodiversidad del país. Se necesitan políticas sectoriales compatibles con la normativa de la OMC, que impulsen el desarrollo sostenible del Perú.

No es posible lograrlo manteniendo la situación de exclusión y desigualdad existentes. Esto implica la necesidad de aumentar la presión tributaria y atender no solo necesidades productivas y de infraestructura, sino de programas sociales y redistributivos que tengan sostenibilidad. Como ha señalado la OIT, un aumento salarial debe ser un componente central en esa dirección, buscando los mecanismos que permitan que las PYMES puedan afrontarlo.

Esto supondría no volver a la política del péndulo que tanto daño ha hecho al desarrollo nacional. Pero, también la disponibilidad de los diferentes actores económicos, sociales, políticos de aceptar ajustes y cambios que permitan un crecimiento sostenido, no excluyente.

Ese debate es el que debería tener el país, y las propuestas que deberíamos escuchar de los diferentes partidos y movimientos políticos, cuyas candidaturas empiezan a proliferar.

La propuesta de la política del “perro del hortelano” impulsada por el gobierno y algunos sectores empresariales, avanza en la dirección contraria. Polariza entre actividades productivas, desconoce derechos históricos de comunidades de sierra y selva, y subordina a la lógica de la inversión y la ganancia no solo la extraordinaria biodiversidad que tiene el país, sino los derechos de poblaciones marginales y excluidas históricamente y que ahora podrían ser “desplazadas” legalmente.

Persistir en esa estrategia no le dará viabilidad al status quo, sino que alimentará conflictos sociales y regionales que se traducirán en movimientos políticos con respuestas violentas en defensa de sus intereses. Ese sería el peor escenario para el país, y deberíamos evitarlo a toda costa. Tampoco parece adecuado desarrollar una campaña de propaganda donde se señala que prácticamente somos lo mejor en el mundo después de China en cuanto a crecimiento, que la crisis ya fue superada, que el Perú está de moda en el mundo y que el crecimiento será retomado y tendremos un brillante porvenir manteniendo el rumbo.

La estrategia de inserción internacional no se puede reducir a buscar acceso a mercados vía TLCs (bien o mal negociados), o hipotecarnos a través de ellos a la estrategia en curso. Se requiere además una agenda interna (como reconocen sus propios impulsores), y desde allí deben identificarse los puntos comunes.

Es imperativo crear un consenso nacional, fomentar la unidad interna en torno a una estrategia de desarrollo que se mantenga más allá de las vicisitudes políticas. No puede ser la actual, tampoco debería ser la vuelta al pasado.

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Por Germán Alarco Tosoni
Investigador principal CENTRUM Católica

La modificación del tratamiento a la inversión extranjera directa (IED) debe ser parte ineludible de la agenda económica mínima a ser acordada entre todos los partidos políticos del país. Las condiciones económicas actuales son diferentes a las de los años noventa. Hay que redistribuir mejor los resultados de su accionar. No se trata de establecer normas que la alejen; en cambio hay que examinar las experiencias de otros países. La ruta del consenso en esta materia garantiza mejores condiciones de negociación con el capital extranjero y resultados positivos para el país.

Entradas y salidas 1980-2008

En general toda IED genera efectos positivos por el lado del empleo, pagos directos a los trabajadores, compras de insumos y bienes de capital nacionales, contratación de servicios y efectos indirectos por las derramas económicas en las actividades, regiones y localidades donde actúa. Estos impactos son más o menos positivos dependiendo tanto de la relación capital/trabajo como de la magnitud de las articulaciones productivas con los otros sectores. Cuando hay reducidas interconexiones se reproducen las añejas condiciones de una economía de enclave. Hay contribuciones, mayores o menores, a la brecha de divisas, ahorro e ingresos fiscales dependiendo de las particularidades contractuales establecidas. 

La contribución de la IED a las exportaciones es evidente, pero desde 2002 las utilidades anuales son mayores que la inversión recibida desde el exterior. Según el BCRP esta fue de US$ 8,346 millones en 2008, mientras que la inversión ascendió a sólo US$ 6,924 millones (US$ 2,981 millones la realmente nueva). Las utilidades observadas en 2008 permitirían la recuperación de toda la inversión acumulada entre 1980-2008 en 3.1 años y esta sería de 2.2 años respecto del acervo total de la IED reportado por Proinversión de US$ 17,953 millones. Entre 1980 y 2008 ingresó US$ 25,639 millones como nueva IED. Esa inversión y la realizada anteriormente generaron utilidades en el país por US$ 35,710 millones. El negocio ha sido provechoso y en el mediano plazo habría evidentes ganancias extraordinarias. Si se aplica el criterio financiero de garantizar una rentabilidad mínima a esta inversión a través de una tasa de descuento del 10%, toda la inversión realizada ya habría sido recuperada.

Reserva de sectores para nacionales

Con argumentos de origen histórico y práctico, muchos países establecen límites a la IED. En Brasil existen para la energía atómica y eléctrica, industria pesquera, propiedad u administración de periódicos y revistas, redes de radio y televisión, servicios de salud, transporte aéreo doméstico, servicios de correos y telégrafos, industria aeroespacial, transporte de carga por carretera, empresas financieras y de seguros, más derechos de propiedad en áreas rurales y cerca de las fronteras nacionales (hasta 150 KM). El transporte aéreo doméstico y el transporte marítimo de cabotaje (costero) son actividades exclusivas para los estadounidenses.

En el México de hoy, vanguardia de la IED, no solo se tienen actividades reservadas exclusivamente al Estado (como los hidrocarburos, energía atómica, correos y radiotelegrafía, minerales radioactivos, emisión de billetes, entre otras), sino que hay exclusión total a extranjeros en el transporte terrestre nacional, servicios de radiodifusión y televisión, instituciones de banca de desarrollo y la prestación de servicios profesionales y técnicos. Hay límites del 10, 25 y hasta 49% para extranjeros en actividades como el transporte aéreo nacional, instituciones de seguros, administradoras de fondos para el retiro, periódicos, fabricación de armamento y explosivos, sociedades que tengan propiedades agrícolas, ganaderas y forestales, pesca, administradoras portuarias integrales, entre otras.

Reciprocidad en el trato a la IED

Mientras que Proinversión del Perú se limita exclusivamente al registro de la inversión extranjera, al trámite y registro de los convenios de estabilidad jurídica, el gobierno chileno tiene que autorizar todas las IED. En un caso a través del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile cuando exceden de un monto predeterminado, se realizan en actividades efectuadas por el Estado, en servicios públicos, medios de comunicación social o cuando se realicen por un Estado extranjero o una persona jurídica de derecho público. La autorización corresponde al nivel ejecutivo del Comité cuando se trata de las otras inversiones no previstas anteriormente.

Ningún país le da trato constitucional a la IED como el Perú, razón por la cual deben modificarse los artículos 62 y 63 de nuestra Constitución Política, así como los Decretos Legislativos 662 y 757 de 1991. Es imprescindible elevar los requerimientos para establecer los Convenios de Estabilidad Jurídica asociándolos a la internación e inversión efectiva de dichos recursos en el país. La propiedad de la Nación de los recursos en el subsuelo no renovables exige modificar significativamente las normas sobre regalías mineras y para hidrocarburos, de forma que nos hagamos partícipes de la renta económica por los mayores precios internacionales, garantizando un rendimiento razonable al inversionista. Para las otras actividades es necesario elevar las tasas del impuesto a la renta, por ejemplo del 30 al 35% como en EEUU. No hay que ideologizar el tema de la IED. Es imprescindible mejorar la distribución de sus resultados. La globalización no debe ignorar a los nacionales y la base del trato debe ser la reciprocidad. Las relaciones de la IED con las comunidades y el ambiente son temas para otro artículo.

Por: Pedro Francke
Profesor de Economía de la PUCP

En las últimas semanas hemos asistido a la entrada en vigencia del TLC con China y al cierre de negociaciones del TLC con la Unión Europea. Han sido aprobados sin pasar por el Congreso y sin debate nacional. En el colmo, ¡ya cerraron el trato y aún no conocemos lo aprobado con la Unión Europea! Estos TLCs tienen medidas que afectan negativamente a amplios sectores económicos y sociales, e insisten en priorizar la extracción de minerales y materias primas, por lo que NO son el camino al desarrollo.

Siendo de fundamental importancia el promover nuestras exportaciones no tradicionales, agrícolas e industriales, estos TLCs NO son la mejor manera de hacerlo. Ya sin los TLCs, el Perú ha tenido acceso al mercado estadounidense y europeo, con muchas oportunidades desaprovechadas. La clave para exportar más productos con valor agregado es tener un tipo de cambio más elevado que rentabilice las exportaciones, contar con misiones comerciales en el exterior que sean efectivas, promover la asociatividad de las pymes y agricultores, y el apoyo a la innovación y desarrollo de nuevos productos basados en nuestra biodiversidad, son las medidas adecuadas. En la base, debe haber un aumento de la productividad con mejor educación y mayor capital humano.

La experiencia del TLC con Estados Unidos es aleccionadora: No se crearon el millón de empleos que anunciaron sus defensores. Por el contrario, el TLC NO defendió a nuestras exportaciones textiles de la crisis internacional ni la competencia china en ese mercado. El TLC no amplió el acceso al Mercado Norteamericano que ya teníamos desde 1994 con el ATPDEA.

Por su parte, la producción china ya ha venido afectando gravemente nuestra industria textil y de calzado, debido a que inunda nuestro mercado a precio dumping, frente a lo cual el gobierno no hace nada y el TLC nos dificulta actuar. ¿Acaso con una industria golpeada por esta competencia desleal, vamos a poder competir mejor en el exterior?

Al mismo tiempo, el TLC con Estados Unidos ha afectado negativamente el agro por la importación de productos subsidiados a precio dumping, problemas que se repiten en el TLC con la Unión Europea.

Por las cláusulas de protección de inversiones, el TLC con EEUU ha dificultado hacer frente a la contaminadora Doe Run, expulsada de la Sociedad de Minería. La historia puede repetirse con empresas chinas, ya que el TLC con ese país incluso tiene cláusulas especiales orientadas a defender a la minera Majaz.

Necesitamos exportaciones modernas, con trabajo decente y respeto a los derechos sociales y ambientales. Nada de eso viene con estos TLCs, que promueven el “cholo barato” y desprotegen el medio ambiente.

Buscar nuevos mercados en el exterior es necesario, pero no a los elevados costos que traen estos TLCs. Es necesario revisar estos tratados y someterlos a consulta popular, al mismo tiempo que promover exportaciones no tradicionales de manera sostenible y justa.

Santiago Roca
Profesor principal, Universidad ESAN.

De los múltiples temas referidos a la biodiversidad, hay dos relevantes: primero, la apropiación de nuestra riqueza biológica sin que se obtenga compensación para el país y para las comunidades poseedoras de estos recursos; y, segundo, el resarcimiento ante el daño causado sobre la biodiversidad como consecuencia de la introducción de organismos genéticamente modificados, y las consecuencias en el sector agrícola.

En el primer tema, un ejemplo es el de la planta Hoodia Gordonii y las tribus de los “San” en África. Mucho después que se conociera que la tribu utilizaba ese cactus para reducir el hambre, el Consejo Estatal Sudafricano para la Investigación Científica e Industrial – CICI, aísla el “glicósido P57” de la planta y lo patenta. Luego, cede la patente a una empresa de biotecnología que, con Pfizer, descompone el activo y lo sintetiza como supresor del apetito. El potencial de ganancias de la nueva droga, hace que los “San” acusen al CICI de biopiratería y lo obligan a suscribir un acuerdo para compartir las regalías. Si bien todavía no se ha podido obtener la comercialización de la droga –se vienen estudiando posibles efectos en el hígado– el caso representa un “modelo” de distribución de los beneficios de la riqueza biológica y de la forma de participación del Estado y de las comunidades originarias, con terceros inversionistas que deja ver la necesidad de una política pública.  

En el segundo tema, está el caso “Hoffman vs. Monsanto”, donde los agricultores de cultivos orgánicos en Canadá acudieron a una “acción de clase” contra Monsanto para que indemnice el daño causado a los campos de canola orgánica, al contaminarlos con canola genéticamente modificada y afectar la identidad de sus cultivos, originándoles pérdidas significativas. Si bien las cortes no han admitido hasta el momento la acción de clase, se discute el cumplimiento de un principio jurídico incuestionable también para la biodiversidad: “todo aquel que causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo”.

En estas materias el Perú está en pañales; todavía no define qué modelo externo o propio le conviene seguir para beneficio del país y sus comunidades nativas.

En la apropiación de la riqueza biológica tradicional existe el Convenio de Diversidad Biológica, del cual Perú es miembro, que desarrolla los principios de acceso legal, consentimiento informado previo, y compensación económica justa y equitativa para las comunidades nativas. Por su parte, la Ley de Conocimientos Tradicionales Nº 27811, vigente ya cerca de 10 años, no ha sido implementada, por lo que no se sabe cómo, el Estado y las comunidades se podrían beneficiar de su riqueza, a pesar de esfuerzos aislados para impedir que se otorguen patentes de plantas originarias y de estos conocimientos tradicionales del Perú, en el exterior.

En los daños a la biodiversidad y a los agricultores por la introducción de semilla genéticamente modificada, el Estado exhibe la misma irresponsabilidad y negligencia. En efecto, pese a haber firmado el Protocolo de Cartagena en el 2003, y la Ley Nº 27104 de prevención de riesgos derivados del uso de la biotecnología, hasta la fecha ambas normas no se implementan en su cabalidad.

Además de ello, llueve sobre mojado, cuando en los TLC se suscriben compromisos sin la debida reflexión y sin conocer los modelos de compensación y conservación que más convienen al país.

¿Cuándo el Estado definirá una política nacional en estas materias? ¿Hasta cuándo vamos a esperar?