Competitividad como política de Estado

jueves, 26 de mayo de 2011

Kurt Burneo

Un aspecto clave  para el sostenimiento del crecimiento económico, es la mejora en la competitividad, dado que esta al ampliar la capacidad de las firmas para satisfacer crecientemente a  la demanda  (interna y externa), expande sus ventas, ingresos, creando a su vez una justificada necesidad de  ampliar la capacidad productiva, esto implica aumentar la inversión generándose así un círculo virtuoso.   No obstante lo obvio de este señalamiento, creo que está algo ausente en la discusión  asociada a cómo hacer que el crecimiento económico sea sostenido.

Creo que así como hoy ha ganado terreno en el sentido común económico la necesidad de mantener políticas fiscales contracíclicas, expresada en términos sencillos en aumentar el ahorro fiscal en épocas de vacas gordas y reducir este en tiempos de vacas flacas, (y a fin de institucionalizar esta forma de manejo fiscal, creo que la obligatoriedad de esta debería estar contenida en la ley de responsabilidad y transparencia fiscal);   de la misma manera debemos de procurar que  la mejora en la competitividad se incorpore como parte del sentido común económico y se institucionalice formalmente. ¿Pero qué componentes  involucra  dicha mejora?

Uno primero se vincula a la mejora en la gestión estatal. Esto implica primero definir  objetivos claros sobre las funciones que debe detentar el Estado, sobre esta base determinar los recursos materiales y humanos necesarios  así como desarrollar una indispensable reingeniería de procesos y costos buscando la optimización de estos donde la simplificación debiese ser la característica central.   Un segundo , trata de la provisión de infraestructura  que involucra mejorar la conectividad, oferta energética etc donde dada las limitaciones del monto de inversión pública es indispensable promover asociaciones público-privadas como alternativas. Un tercer componente, que es una suerte de infraestructura no física es el acceso a servicios financieros a costos competitivos, y en este caso resulta que no obstante la existencia de libre iniciativa privada, hoy una parte importante de la demanda de servicios por ejemplo de las Mypes no es atendida; en este mismo componente se incluye la inversión en innovación y desarrollo tecnológico así como la mejora en la calidad de la educación.  Un cuarto aspecto se asocia a la normatividad tributaria y laboral donde la simplificación y la fiscalización para el cumplimiento de las leyes laborales  son aspectos centrales.  Un último componente es la aplicación de  políticas públicas, promotoras de sectores en  los que tenemos ventajas competitivas, priorizando las intensivas en el uso de mano de obra.

Pero esta relación de componentes tendría limitadas probabilidades de efectiva realización, si por un lado el empresariado y las universidades no se integran en una consensuada estrategia orientada a ganar productividad, estrategia que se plasma en un realista plan con recursos y metas predefinidos y ordenados en el tiempo.   Pero este plan por el lado del Estado, debe de ser impulsado por un Consejo Nacional de la Competitividad (CNC), el cual hoy  declarativamente tiene como funciones encargarse de “ Promover el desarrollo económico y social a través del fortalecimiento de capacidades como país que nos permitan contar con una posición ventajosa en el Mundo para mejorar en la calidad de vida de los peruanos a través de la generación de empleo. Perú Compite, el Consejo Nacional de la Competitividad, está encargado de incrementar los niveles de competitividad del país a nivel nacional, regional y local, con el concurso de los sectores público y privado” (www.perucompite.gob.pe).  

Todas estas buenas intenciones, deben de servir como insumos para establecer la mejora en la competitividad a través de  un  realista plan  en recursos y metas medibles, como expresión operativa de una explícita política de Estado; siendo una muestra de la importancia de esta, el que el CNC dependa directamente de la Presidencia de la República y no como hoy del Ministerio de Economía y Finanzas.  Al final,  por ejemplo ¿De qué sirve aumentar el número de tratados de libre comercio que nos abre la posibilidad de acceso a mercados más grandes, si no aseguramos al más alto nivel, una permanente optimización de la competitividad en nuestras firmas?

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